Validación RURAL
Nuestro país cuenta con 75,6 millones de hectáreas, de las cuales solo una pequeña parte -el 0,3%- es ocupada por ciudades. Todo el resto alberga zonas rurales muy ricas en biodiversidad y belleza asociada al paisaje.
En este contexto privilegiado, no es de extrañar que cada día más personas quieran disfrutar de este territorio natural, ya sea en forma esporádica o más permanente.
Lamentablemente, nuestro marco regulatorio históricamente ha negado esta realidad, y a través del Decreto Ley N°3.516 y el Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableció una regulación basada en normas de excepción que pretenden que las actividades se concentren en las ciudades, en tanto el resto del territorio se reserva para usos agrícolas, forestales o ganaderos, principalmente.
Esta manera de administrar nuestro territorio -que invisibiliza las verdaderas necesidades y anhelos de las personas- ha tenido resultados negativos, como la ocupación de área rural con tomas de terreno, ventas ilegales de derechos de uso y parcelas de agrado de 5.000 m 2 que muchas veces degradan los lugares y sobrecargan los precarios servicios municipales.
Si bien la pandemia exacerbó aún más este tipo de desarrollos, un estudio del Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE Business School advierte que el fenómeno es de más larga data. En efecto, entre 2010 y 2022 el número de roles agrícolas en nuestro país aumentó en un 28%, pero en el rango de 0,4 a 0,6 hectáreas registrado en el estudio, este aumento es marcadamente mayor (de un 80%), lo que demuestra un gran dinamismo en los procesos de división de la tierra, en tamaños que eventualmente derivarán en desarrollos residenciales.
La complejidad de esta situación ha generado en los últimos años un ambiente adverso para el desarrollo de proyectos en el área rural, con diversas interpretaciones de las autoridades nacionales y regionales motivó el ingreso al Congreso de un Proyecto de Ley sobre la materia, junto con otros cambios a nivel reglamentario. Estas iniciativas están en pleno análisis y debate, por lo que resulta oportuno visualizar alternativas distintas a la clásica solución de “prohibir”, y más bien generar propuestas innovadoras para “permitir” un habitar sustentable del área rural.
A lo anterior, se suma el ingreso de algunos proyectos de ley al Congreso de la República, que dan cuenta de un eventual cambio en las reglas del juego para estos proyectos.
En este contexto, D’Urbano Consultores en alianza con Goldenberg & Lagos Abogados Ldta. e ITransporte e ITAmbiental, proponen la VALIDACIÓN RURAL.
La VALIDACIÓN RURAL es una herramienta, diseñada por D’Urbano Consultores en alianza con Goldenberg & Lagos Abogados Ltda. e ITransporte e ITAmbiental, que funciona como un “scanner” al proyecto, detectando sus principales espacios de vulnerabilidad normativa, para lo cual se realiza una revisión exhaustiva de la normativa aplicable, con una visión integral.
Se aplica a los proyectos ubicados en el área rural, es decir fuera del límite urbano de una ciudad, sea una parcelación, loteo, condominio, o un proyecto de desarrollo turístico, industrial, equipamiento, entre otros.
La VALIDACIÓN RURAL se estructura en un Informe Confidencial que aborda 6 módulos de revisión, entre los que destacan revisión de normativas sectoriales, exigencias de mitigación, división de la tierra, entre otros.